EL IDEP SE OPENE A AL DECERETO REGLAMENTARIO EN SALUD MENTAL

   El Instituto de Estudio sobre Estado y Participación -IDEP- SALUD de la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE- ARGENTINA definió estado de alerta frente a la pretensión del Gobierno Nacional de retroceder respecto a los avances conquistados por la lucha del campo de la Salud Mental de la Argentina.

   Acaba de tomar estado público un proyecto de decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental nº 26.657 (Expte Min. Sal.120020000024933166) que contradice el espíritu de la norma que pretende reglamentar, y evita generar el debate en el Congreso de la Nación, ámbito institucional natural para modificaciones de este tenor.

   La política de este gobierno nacional se jacta de “transparente” y “modernizadora”. Su pretendida manera de legislar evitando el debate parlamentario y los mecanismos de participación ciudadana renuevan la alerta en la misma línea que definió del decreto de “necesidad y urgencia” que propone la engañosa “Cobertura Universal de Salud” 908/16.

   Consideramos que la necesidad y urgencia de estos decretos responden directamente a abrir las puertas de los mercados de la salud y, en este caso específico, los de la salud mental.

   Vemos con alarma las afrentas a reformistas al campo de los derechos sociales: las reformas laboral, previsional, fiscal, tributaria, la salud, el campo del trabajo, de la educación, etc.

   Las políticas de este gobierno nacional y sus formas, desafían nuestras estrategias colectivas y de resistencia. Estamos frente al despliegue de una retórica pensada para ocultar y disimular políticas que encubren y refuerzan privilegios de sectores concentrados del poder político-económico.

   La pretensión de modificar el decreto reglamentario 603/3 en el sentido planteado por el ejecutivo en el expediente (Expte Min. Sal.120020000024933166) atenta contra los principales avances logrados en la Ley Nacional 26657: respecto a la concepción de sujeto de derecho, del modo de entender los padecimientos psíquicos de la población, respecto del modelo de atención sustitutivo a lo manicomial (o lógicas de encierro), así como a las garantías de autonomía e independencia del Órgano de Revisión y los mecanismos previstos para velar por asistencia digna en el marco del ejercicio de los derechos en el campo de la salud Mental.

   Pretendiendo instalar desde una perspectiva biologista, medicalizante, clasificatoria de los sujetos, un paradigma vinculado a la privatización de la salud, a los negocios de la enfermedad y, totalmente alejado del derecho a la salud.

   Nos pronunciamos rechazando este pretendido decreto así como continuaremos construyendo en conjunto con las organizaciones del campo popular condiciones para un sistema público universal, gratuito y de calidad que garantice el acceso al derecho constitucional a la salud de nuestras poblaciones.

Celina Pochettino – Daniel Godoy

 

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