INFORME DEL IDEP SOBRE CONSENSO FISCAL ENTRE LA NACION Y PROVINCIAS

   El Instituto de Estudios de Estado y Participación esbozó las primeras consideraciones sobre el pacto fiscal acordado entre Macri y los gobernadores.

   En el día de ayer se firmó el Consenso fiscal entre el Gobierno Nacional y 23 Provincias. Si bien es necesario realizar un pormenorizado análisis de los distintos puntos incluidos en el documento, puede decirse que en el mismo se afirma el sendero que orienta el paquete de reformas, que busca imponer el gobierno de Macri luego de su triunfo electoral: Beneficios al sector empresario y un camino de ajuste a la población.

   De tal forma que en virtud al compromiso firmado las provincias resignan recaudación propia a cambio de ciertas compensaciones comprometiéndose a aprobar la ley de responsabilidad fiscal que inducirá fuertes ajustes en sus presupuestos y en las plantas de personal tanto provinciales como municipales a través de las conocidas jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Dando expreso apoyo al cambio de Ley de movilidad jubilatoria que impulsa el macrismo transformando a nuestros jubilados en variable se ajuste en la tan buscada reducción del déficit de las cuentas nacionales.

Algunos puntos que merecen destacarse

   1º Las Provincias asumen el compromiso de iniciar un sendero descendiente en el cobro del Impuesto sobre Ingresos Brutos y Sellos hasta el año 2022, donde importantes actividades quedarán exentas y las restantes verán sensiblemente disminuida su alícuota. Más allá de los cuestionamientos que puedan hacerse sobre lo distorsivo de estos impuestos, en especial Ingresos brutos por su aplicación en cascada, es notoria la merma que se verificará en  los recursos provinciales. Es de destacar que durante el año 2016 el impuesto sobre los ingresos brutos significó para las 24 jurisdicciones llegó a un monto que alcanzó al 56,5% de los recursos tributarios nacionales que recibieron las mismas ($318366 millones vs $ 563140). Significando así mismo para el mismo ejercicio el 75% del total de los recursos tributarios de origen provincial. De tal forma que resulta más que evidente la estrechez de recursos que enfrentaran las provincias en aras de mejorar las condiciones de competitividad empresaria. ¿Cuántos sacrificios mas deberá ofrendar nuestro pueblo en el altar de las futuras inversiones?

   2º Como compensación se deroga el artículo 104 de la Ley del impuesto a las ganancias, que destinados al ANSeS, coparticipándose el total de este tributo. Esta medida, obviamente supone mayores ingresos por coparticipación, pero incrementa el desfinaciamiento de la seguridad social. Vale aclarar que el total del impuesto al cheque se destinará al sistema y no el 70% que figura en el presupuesto 2018, con lo que haciendo las diferencias entre lo que no percibe de ganancias y el 30% del impuesto al cheque, la pérdida del sistema es de 62.000 millones con relación al presupuesto.

    Obviamente que esto cierra solamente con ajuste sobre los jubilados y planes sociales. Por tal motivo, ya se adelantó el apoyo en este pacto al cambio de la fórmula de movilidad. Eso sí, en un alarde de justicia social hacia nuestros jubilados, se agrega al intento del gobierno nacional de imponer un aumento solo por la inflación esperada, que “se ajustará trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación” sin aclarar qué es ese “por encima”. Será por tal indeterminación que el Gobernador de Santa Fe en declaraciones periodísticas aclaró que la inclusión de ese párrafo “era testimonial”.

Con respecto a este punto es importante precisar que el impuesto al cheque, o más correctamente sobre los créditos y débitos bancarios, también es un impuesto de los llamados distorsivos. De tal forma se plantea, que su pago, paulatinamente se tome a cuenta de ganancias. Este punto que se incluye en los objetivos de la reforma tributaria, hará que la recaudación efectiva por ganancias sea menor (ya que lo recaudado por el gravamen al cheque se tomará como anticipo) con la consecuente pérdida de recursos coparticipables.

    3º Las Provincias se comprometen a adherir al régimen de Responsabilidad Fiscal que propone el ejecutivo nacional. Dicho régimen les plantea la imposibilidad de aumentar el gasto real en los próximos años. Dado que en promedio, el 60% del gasto de las mismas está destinado al pago de salarios y prestaciones previsionales (aquellas que no transfirieron sus cajas), lo que claramente se está planteando, es que salarios y jubilaciones serán la variable de ajuste para cumplir con estos requisitos. Esto, más allá de que desde Nación se continúe transfiriendo recursos para cubrir el déficit de las cajas no transferidas. Cabe destacar que se firma un compromiso para eliminar regímenes de privilegio, sin aclarar a qué se considera como tales, lo que deja abierta una puerta hacia la armonización de las cajas.

    4º Como para reafirmar lo que detallamos en el punto anterior acerca de dónde se induce el ajuste en las provincias, se firma en el acuerdo que analizamos, el compromiso de habilitar líneas de crédito especiales a fin de financiar los conocidos programas de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios en los estados provinciales y municipales. Tema sobre el cual fue específico el propio Presidente en su alocución a los gobernadores.

    5º Como forma de compensar la merma de recursos provinciales por la reducción de impuestos, se propone que las valuaciones fiscales de inmuebles, converjan a los valores de mercado. En este punto vale hacer algunas precisiones. En primer lugar es por demás evidente que las provincias han manifestado muy poca voluntad para gravar las manifestaciones de riqueza en sus jurisdicciones. En promedio, su recaudación no excede el 6% del su producto bruto geográfico, y que el impuesto inmobiliario puede ser un vehículo apto para tal fin. Pero esa poca voluntad tiene estrecha relación con el acuerdo o la pertenencia de los gobiernos a las elites locales, con lo que lo que podría ser un vehículo de progresividad tributaria, gravando de forma diferenciada sobre el inmobiliario rural en grandes extensiones o viviendas suntuosas, si se hace converger la valuación de mercado al conjunto de las viviendas, termina transformándose un impuestazo al conjunto de la población. Pero aún, más inequitativo es, si se aplican mayores alícuotas al inmobiliario urbano que al rural, cediendo a las presiones de grupos dominantes. Obviamente y dada la incidencia que como se detalló ingresos brutos tiene sobre los recursos provinciales el aumento de la recaudación por inmobiliario debe se de una magnitud sustantiva.

   6º Eliminación de Subsidios a la energía para el año 2019 y transporte para el 2011. Como parte del compromiso del gobierno nacional para bajar su déficit y por un pedido de equidad de los gobernadores, se acordó continuar con el sendero de reducción de dichos subsidios, lo que se traducirá en nuevos tarifazos en la región metropolitana.

   7º Se coparticipará el impuesto que por única vez se aplicará al revalúo impositivo y contable  de activos empresarios.

    8º Los gobernadores se comprometen a apoyar la transferencia de 20.000 millones de pesos en este año del Banco Nación al Tesoro Nacional, y autorizar a que año a año, transfiera hasta el 20% de sus utilidades. El apoyo brindado a esta iniciativa en el compromiso fiscal firmado es fundamental para esta iniciativa que el macrismo ya había presentado con la Ley de Presupuesto y que recibiera el rechazo de importantes sectores legislativos habida cuenta del perjuicio que le ocasiona al BNA.

   9º Acuerdo sobre el Fondo del Conourbano y reclamos provinciales, dejamos este punto para el final no por ser el menos importante, ya este acuerdo que pone fin a un reclamo sobre este fondo que llevaba adelante la provincia de Buenos Aires significa fondos para la misma por $ 40000 millones para el próximo año y de $ 65000 millones para el 2019. Este legítimo reclamo de la provincia ya que este fondo estaba fijado desde los ´90 en 650 millones de pesos/dólares se pesifico sin actualizaciones luego que estallara la convertibilidad, significa durante el próximo año una suma prácticamente igual al gasto de capital previsto en el presupuesto recientemente aprobado.

    Destrabar este reclamo fue una de las cartas de presión sobre los gobernadores ya que el mismo se encontraba en la CSJ y con fuertes indicios de resolverse favorablemente los que hubiera significado que los recursos que hoy recibe el gobierno bonaerense deberían haber salido de la masa coparticipable en detrimento del resto de las provincias. Cabe destacar que a traves de un bono de la nación a 10 años con pagos de intereses anuales las provincias dan por saldados sus reclamos por diferencias de liquidación de impuestos.

A modo de primeras conclusiones

   La relación fiscal Nación Provincias transito desde los ´90, luego de la transferencia de servicios a las provincias, un camino de deterioro de las cuentas provinciales y la consecuente subordinación de las mismas a la Nación. Este nuevo acuerdo no desanda este camino. En primer lugar porque una relación equitativa debería poner sobre la mesa precisamente que jurisdicción tiene sobre sus responsabilidades la prestación de los servicios (salud, educación, seguridad, justicia etc.) y cuál es la magnitud de recursos necesarios.

   En lugar de llevara adelante esta discusión los gobernadores,  cada vez que las finanzas provinciales están a punto de estallar, actúan una permanente sumisión al poder central que le impone ajustes en sus gastos o sea sobre su población. En este caso para empeorar el cuadro resigna capacidad recaudatoria y actúan de cómplices del gobierno nacional en sus objetivos de transferencias de recursos hacia el sector empresario, desfinaciamiento del sistema previsional y un manotazo sobre el BNA.

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