Un presupuesto a la medida del FMI

En la tarde de hoy, en el Acampe de la CTA Autónoma frente al Congreso de la Nación en contra del Presupuesto Nacional 2019 pergeñado por el Gobierno de Macri y el Fondo Monetario Internacional, se presentó un documento crítico del Presupuesto, elaborado por el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Legisladores de diferentes bloques, dirigentes políticos, sociales, sindicales e intelectuales debatieron sobre el documento, que describe de manera pormenorizada la entrega de la soberanía argentina al FMI con sus consecuencias de despojo y mayor pobreza para el conjunto del pueblo.

A continuación, se presenta una síntesis del trabajo elaborado por el Instituto de Estudios Sobre Estado y Participación (IDEP-ATE) en el que se analiza el Presupuesto para el ejercicio 2019. El proyecto oficial expone una fenomenal crisis de la Deuda Pública junto a una profundización del ajuste y la desigualdad.

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A modo de síntesis:

En el presente material realizamos una primera evaluación del Proyecto del Presupuesto Nacional 2019 que el Gobierno Nacional presentó en el Congreso Nacional.

Se trata del cuarto y último proyecto de Presupuesto del Gobierno de Cambiemos. Lo primero a señalar es que el Presupuesto 2019 muestra con claridad el más absoluto fracaso de la gestión de Macri para mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Fracaso que se deja leer aún en los propios supuestos bajo los cuales se confecciona el Presupuesto Nacional.

Así el PBI que nos va a dejar Macri es un 1,9% inferior al que él recibiera en el 2015; y en términos de riqueza por habitante, la destrucción es mayor, alcanza al 5,8%. Esta destrucción de la capacidad de generación de riqueza de la economía se agrava al considerar que la tasa de inflación promedio anual de toda la gestión de Macri (2015-2019) será como mínimo de un 32,5% anual. Una tasa de inflación que supera en 7 puntos porcentuales a la tasa de inflación promedio de la gestión de Cristina Kirchner (que en los años 2007-2015 fue del 25,8% promedio anual). Para alguien como Macri que se jactaba de que la inflación era un problema de fácil solución, las evidencias son contundentes en la mostración de su fracaso.

Ahora bien, el rasgo central que define al Presupuesto Nacional es el Ajuste que pretende realizar el Gobierno sobre las cuentas fiscales de nada menos que de $653.587 millones, de los cuales $82.710 millones es el nuevo ajuste del 2018 y para el 2019 el ajuste alcanza a $570.876 millones.

Se trata de un ajuste que recae fundamentalmente sobre la obra pública (-0,5 puntos del PBI de caída en relación con el PBI, que equivalen a $92.077 millones), sobre las provincias (reducción de -0,7 puntos del PBI para los subsidios de transporte y energía – o lo que es lo mismo, tarifazos provinciales-; a lo que se agrega una reducción de -0,3 puntos del PBI por transferencias corrientes que equivalen a $55.246 millones), y sobre el gasto social (-0,14%) con importantes reducciones del gasto social en términos reales en partidas, como por ejemplo Asignaciones Familiares (caen un 3,7% real en el 2019), Vivienda y Urbanismo (-13,8%), Trabajo (-9,2%), Educación y Cultura (-6,3%) y Agua Potable y Alcantarillado (-5,8%), entre otras. De esta manera, durante la experiencia Macri las partidas del gasto social que más se reducen son: Vivienda y Urbanismo (-70%), Agua Potable y Alcantarillado (-49%); Trabajo (-47%), Ciencia y Técnica (-31%); Educación y Cultura (-27,5%), y Salud (-16,6%). Por otra parte, en materia salarial, los trabajadores estatales son nuevamente postergados en la discusión presupuestaria, ya que se incorpora, en lugar de una pauta de actualización salarial, una pauta de recorte real del orden del -13,8%, en el mejor de los casos.

Es esta opción por la política del ajuste el que el Gobierno de Macri definió como su propuesta de Gobierno para el 2019. Ajuste que se pretende justificar como inevitable y el único camino posible. En esta síntesis queremos priorizar mostrar que es una opción entre muchas otras que el Gobierno adopta. Esta política revela prioridades del Gobierno, que de ser invertidas podrían alumbrar otro camino posible. Van algunas:

  1. a) La cuenta de intereses por pago de deuda supera el total del ajuste comprometido. Se trata de $746.389 millones. De por sí esta magnitud de la partida supera el monto del ajuste que el Gobierno tiene previsto ($653.587 millones). Es decir, con sólo renegociar y posponer los pagos de una deuda que nunca se ha auditado se evitaría el Ajuste de las cuentas públicas. La expansión de los intereses por deuda pública es notoria: al 2015 representaba el 7,7% del total del Gasto Público, y para el 2019 representa el 17,9%. Se trata de un crecimiento del 132% en la participación de los intereses dentro de los gastos totales. La importancia de este rubro se observa en que representa 3,3 veces lo que se gasta en Educación y Cultura; 5 veces lo que se gasta en Salud, 11 veces los gastos en Promoción Social, 16 veces los gastos en Ciencia y Técnica; 25 veces los gastos en Vivienda y Urbanismo; 30 veces los gastos en Agua Potable y Alcantarillado y 70 veces los gastos en la función Trabajo. Más aún, considerando todas estas funciones del gasto público, las mismas involucran $555.567 millones; es decir ¾ partes de lo que se va pagar de intereses de deuda.
  2. b) Los gastos tributarios que es lo que el Estado deja de recaudar por exenciones en los impuestos y los regímenes promocionales, acumulan un total de $429.541 millones.
  3. c) Los subsidios al oligopolio petrolero y gasífero, que beneficia a un puñado de entre 5 y 8 empresas (YPF, Tecpetrol, Total, Pan American Energy, Wintershall, entre las principales) que el Presupuesto 2019 tiene previsto alcanza a nada menos que $114.600 millones.

Es decir, que en los propios contenidos del Mensaje del Presupuesto Nacional se dispone de un monto de $1.290.530 millones cuyo destino se concentra en unas pocas firmas extranjeras y un conjunto reducido de acreedores (a los que bien vendría disponer un censo de acreedores para conocer de quien se trata). El monto de los recursos que insumen estos rubros duplica lo que el Gobierno pretende ajustar.

Si a este conjunto de prioridades del Gobierno de Macri, se agrega el monumental proceso de transferencia de ingresos que se hizo en favor de los exportadores a raíz de las 2 corridas cambiarias que hasta el momento el Gobierno permitió, que hizo que la facturación en pesos de los exportadores prácticamente se duplicaran sin esfuerzo (al pasar del tipo de cambio de $19,3 a otro de $37,3). La magnitud de las transferencias es ciertamente obscena, se trata de nada menos que de $1.086.318 millones. Es prácticamente el mismo monto de lo que se paga por intereses de deuda, conjuntamente con lo que no se recauda por gasto tributario y los subsidios al oligopolio petrolero y gasífero. Si a la magnitud total de la renta por devaluación de los exportadores, nos concentramos en apenas 30 empresas (que concentran el 55% de las exportaciones) y descontamos las nuevas retenciones light, resulta que estas 30 empresas tuvieron un subsidio por efecto de la devaluación de $448.081 millones. Es decir en promedio $14.936 millones por empresa.

Si consideramos el conjunto de los recursos que están destinados a favorecer a los sectores económicos más concentrados, es decir: la renta por devaluación neta de retenciones de las 30 empresas de la cúpula exportadora; más el subsidio a un puñado de 5 empresas petroleras, más los montos que se pierden por gastos tributarios y los pagos de intereses de una deuda que se debería revisar; la suma que el Gobierno de Macri destina a estos cuestionables objetivos alcanza los $1.738.611 millones, que equivalen a más de 2,6 veces los $653.587 millones de ajuste previsto en el Presupuesto.

Por ende, una vez más, el Presupuesto nos devuelve algo que venimos insistiendo desde nuestros materiales. Lejos de que el problema es el Estado, como pretende hacernos creer el Gobierno, el problema es el modo en que los sectores dominantes se han acostumbrado a acumular riquezas, sin inversión, y a costa del resto de los actores sociales. El problema, nuevamente, son los ricos y su lógica de acumulación.

En el presente material, dispondrán de los elementos y datos que fundan lo expuesto, amén de un conjunto amplio de cuestiones que hacen al análisis del presupuesto, entre ellas un análisis de las cuentas fiscales de mayor detalle; mayores precisiones respecto a la evolución del presupuesto en energía y fundamentalmente del análisis del gasto social. También presentamos un análisis de los puntos más salientes del articulado.

Prensa ATE

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